*“No obstante las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, en México los contribuyentes no encuentran alivio a sus cargas fiscales”: Domingo Ruiz, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
Al hablar sobre los “Retos del Derecho Tributario ante la emergencia sanitaria”, el presidente del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, con sede en Guadalajara, Domingo Ruiz López, dijo que “la política fiscal en México se ha construido con la visión de recaudar, más que con la del crecimiento económico. Cuando una política fiscal se diseña con el propósito de un crecimiento económico, tendrá como consecuencia lógica la recaudación, pero cuando se pone como énfasis la recaudación, no necesariamente se logra el crecimiento económico”.
Al hablar sobre los “Retos del Derecho Tributario ante la emergencia sanitaria”, el presidente del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, con sede en Guadalajara, Domingo Ruiz López, dijo que “la política fiscal en México se ha construido con la visión de recaudar, más que con la del crecimiento económico. Cuando una política fiscal se diseña con el propósito de un crecimiento económico, tendrá como consecuencia lógica la recaudación, pero cuando se pone como énfasis la recaudación, no necesariamente se logra el crecimiento económico”.
En este sentido, afirmó que la política fiscal es uno de los instrumentos del Estado para conducir la actividad económica, “puesto que durante situaciones extraordinarias se establecen medidas como los estímulos fiscales para ayudar a la actividad económica”.
Además, recordó que en marzo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en sesión del Comité de Asuntos Fiscales y Administraciones Tributarias, hizo recomendaciones de política fiscal para atender la pandemia, las cuales tienen que ver con estímulos, detención de procedimientos de fiscalización por parte de las autoridades y cuotas obrero-patronales para apoyar a la economía.
Ruiz López fue uno de los expertos invitados por la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima para dictar una de las más de veinte videoconfencias con las que se busca actualizar y capacitar a los alumnos y egresados de este plantel.
En su presentación, destacó la importancia de reflexionar sobre la manera en que México ha enfrentado la pandemia por COVID-19, “que comenzó con una serie de medidas normatividades distintas a las del marco jurídico que establece la Constitución, en cuatro temas específicos: certeza jurídica, política fiscal, administración de justicia, y derechos humanos”.
Al analizar el primero de los retos para el Derecho Tributario, esto es, la certeza jurídica,dijo que el Artículo 73 de la Constitución, en su fracción 16, establece la facultad para que el Consejo de Salubridad General establezca medidas ante una emergencia sanitaria, “pero la forma en que éstas se han aplicado en México no han sido exactamente las adecuadas”.
Los gobiernos de estados y municipios, continuó, “aplicaron sus decretos a su propia manera. En consecuencia, no se tenía una certeza”. Además, agregó, en México la relación jurídico-tributaria (entre contribuyentes y el Estado) ha sido un tema esencial, vinculado con el segundo reto, el de la política fiscal; “en esta actividad, el Estado cobra a los particulares contribuciones que éstos obtienen a través de su actividad económica, y las destina al gasto público. Esta aportación es la forma jurídica específica del Estado y, a través de las políticas públicas, es como logra sus objetivos”.
En cuanto a la medida sobre los retos que las empresas en México afrontan para su desarrollo y sostenimiento, destacó que el Artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establece la facultad para que el presidente de la república otorgue apoyos, “mismos que no se han dado en México”. Y explicó además que, en este mismo artículo, “también se señala la posibilidad de reducciones y diferimientos”.
Mencionó que algunos estados, en la medida de sus posibilidades, han establecido paquetes relacionados con sus impuestos, e incluso paquetes de créditos y financiamiento, y agregó que “por una parte existen disposiciones de carácter administrativo que obligan a pausar las operaciones, pero que desgraciadamente éstas no se acompañan de un paquete de estímulos que permitan ayudar a las empresas, como es el caso de otros países, en los que sí se han establecido. En México, no”.
En consecuencia, siguió, “la certeza jurídica y la política fiscal no han ayudado en este contexto de pandemia; son dos retos importantes para la tributación en México en este momento. No obstante las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, en México los contribuyentes no encuentran alivio a sus cargas fiscales”.
El tercer reto para el derecho tributario se refiere a la administración de la justicia. En este caso, desde el 18 de marzo cerraron las puertas del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya apertura se ha pospuesto para el primero de julio: “Mientras esto ocurre, el SAT no ha detenido sus actividades con actos de fiscalización y ejecución, generando un gran reto para la certeza jurídica”.
Los tribunales cerrados, dijo para finalizar, “son ejemplo claro, grave y preocupante de que en México no se aplican las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como es el acceso de los ciudadanos a la justicia en situaciones como las que vivimos”.
Además, recordó que en marzo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en sesión del Comité de Asuntos Fiscales y Administraciones Tributarias, hizo recomendaciones de política fiscal para atender la pandemia, las cuales tienen que ver con estímulos, detención de procedimientos de fiscalización por parte de las autoridades y cuotas obrero-patronales para apoyar a la economía.
Ruiz López fue uno de los expertos invitados por la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima para dictar una de las más de veinte videoconfencias con las que se busca actualizar y capacitar a los alumnos y egresados de este plantel.
En su presentación, destacó la importancia de reflexionar sobre la manera en que México ha enfrentado la pandemia por COVID-19, “que comenzó con una serie de medidas normatividades distintas a las del marco jurídico que establece la Constitución, en cuatro temas específicos: certeza jurídica, política fiscal, administración de justicia, y derechos humanos”.
Al analizar el primero de los retos para el Derecho Tributario, esto es, la certeza jurídica,dijo que el Artículo 73 de la Constitución, en su fracción 16, establece la facultad para que el Consejo de Salubridad General establezca medidas ante una emergencia sanitaria, “pero la forma en que éstas se han aplicado en México no han sido exactamente las adecuadas”.
Los gobiernos de estados y municipios, continuó, “aplicaron sus decretos a su propia manera. En consecuencia, no se tenía una certeza”. Además, agregó, en México la relación jurídico-tributaria (entre contribuyentes y el Estado) ha sido un tema esencial, vinculado con el segundo reto, el de la política fiscal; “en esta actividad, el Estado cobra a los particulares contribuciones que éstos obtienen a través de su actividad económica, y las destina al gasto público. Esta aportación es la forma jurídica específica del Estado y, a través de las políticas públicas, es como logra sus objetivos”.
En cuanto a la medida sobre los retos que las empresas en México afrontan para su desarrollo y sostenimiento, destacó que el Artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establece la facultad para que el presidente de la república otorgue apoyos, “mismos que no se han dado en México”. Y explicó además que, en este mismo artículo, “también se señala la posibilidad de reducciones y diferimientos”.
Mencionó que algunos estados, en la medida de sus posibilidades, han establecido paquetes relacionados con sus impuestos, e incluso paquetes de créditos y financiamiento, y agregó que “por una parte existen disposiciones de carácter administrativo que obligan a pausar las operaciones, pero que desgraciadamente éstas no se acompañan de un paquete de estímulos que permitan ayudar a las empresas, como es el caso de otros países, en los que sí se han establecido. En México, no”.
En consecuencia, siguió, “la certeza jurídica y la política fiscal no han ayudado en este contexto de pandemia; son dos retos importantes para la tributación en México en este momento. No obstante las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, en México los contribuyentes no encuentran alivio a sus cargas fiscales”.
El tercer reto para el derecho tributario se refiere a la administración de la justicia. En este caso, desde el 18 de marzo cerraron las puertas del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya apertura se ha pospuesto para el primero de julio: “Mientras esto ocurre, el SAT no ha detenido sus actividades con actos de fiscalización y ejecución, generando un gran reto para la certeza jurídica”.
Los tribunales cerrados, dijo para finalizar, “son ejemplo claro, grave y preocupante de que en México no se aplican las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como es el acceso de los ciudadanos a la justicia en situaciones como las que vivimos”.