En sesión ordinaria del 15 de octubre en el Congreso del Estado, se aprobó la creación de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el estado de Colima, en la que se estipula que los elementos de la policía estatal no podrán prestar servicios de escoltas o guardaespaldas a ex funcionarios, luego de haber cumplido con sus funciones y haberse terminado el plazo equivalente al que hayan ocupado el cargo. Esto incluye al ex gobernador Fernando Moreno Peña, quien ya rebasó los 6 años posteriores una vez que dejó de ser gobernador, puesto que su sexenio terminó en 2003. Así lo señaló el coordinador de la bancada de Morena, Vladimir Parra Barragán.
El legislador morenista explicó que se trata de un logro para la población, iniciativa que ha venido impulsando, participando en las reuniones de comisiones y mesas de trabajo en las que se fue construyendo dicha ley recién aprobada.
Sostuvo además que, en esta situación grave de inseguridad por la que atraviesa el estado, es importante que los elementos de seguridad pública se dediquen a la noble labor que se les ha encomendado, cuidar a la población y no servir de escoltas personales de políticos y ex funcionarios que estuvieron acostumbrados a vivir con pleitesías y privilegios. “En Colima, no debe haber ciudadanas y ciudadanos de primera ni de segunda”.
Además, manifestó que esos ex funcionarios con pensiones millonarias, pueden perfectamente pagarse su propia seguridad privada y que dejen de utilizar elementos de seguridad pública para su cuidado, ya que existe un déficit en el número de elementos que el estado debería tener.
En su artículo 46, en su apartado primero, la ley señala que “El Gobernador del Estado, el Secretario General, el Secretario de Seguridad Pública, el Fiscal General y los demás servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad pública y de procuración de justicia, así como los ex servidores públicos que hayan ocupado estos cargos, contarán con personal operativo de seguridad pública comisionado para brindarles protección, seguridad, custodia y vigilancia”.
Sobre ese párrafo, en su apartado segundo, especifica que “los ex servidores públicos a que hace referencia el párrafo anterior, recibirán este servicio por el plazo equivalente al que hayan ocupado el cargo correspondiente, el que se les otorgará de manera continua desde el día siguiente a la conclusión del mismo, por un máximo de cuatro elementos”.
En ese entendido, todos los policías estatales que han estado custodiando y escoltando en calidad de guaruras al ex gobernador Fernando Moreno Peña, ya tendrán que dejar de hacerlo, pues de lo contrario, sería un acto violatorio de esta disposición legal.
La ley prevé casos excepcionales para que a ex funcionarios se les pueda otorgar esa seguridad después del periodo establecido, lo que se contempla de manera específica en el apartado 3 del mismo artículo 46.
“El otorgamiento de personal operativo de seguridad pública comisionado para servidores públicos que no se encuentren en los supuestos previstos por los párrafos 1 y 2 de este artículo, pero que por la naturaleza de sus funciones pudieran requerirlo, o para personas que se encuentren en situación de riesgo acreditable, deberá ser valorado, y en su caso, aprobado, por un Comité, de carácter interinstitucional, integrado por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, que garantice los principios de legalidad, responsabilidad, transparencia y racionalidad de los recursos públicos en su prestación”.
Así mismo, en el apartado 4 se establece que “las personas que, por resolución judicial o determinación de autoridad competente, deban recibir este servicio, se les otorgará de manera inmediata, debiendo el referido Comité ratificar los términos y condiciones para su adecuada prestación”.
Por otra parte, aunque celebró la aprobación de dicha ley, Parra Barragán señaló que aún no es suficiente, puesto que falta prohibir por completo que elementos de la policía auxiliar sean utilizados para brindar seguridad a empresas privadas o a particulares, máxime que ya se tiene el antecedente repudiable, en el que 7 elementos fueron asesinados mientras se encontraban brindando este tipo de servicios a empresarios fuera de los límites del estado de Colima.
Aunque en tribuna, Vladimir Parra pidió que se le hiciera una modificación al artículo sexto, para plantear la prohibición del uso de policías auxiliares para brindar servicios de seguridad a particulares, las y los legisladores de los partidos del PRI, PAN, MC, Panal, Verde, PT y diputados sin partido decidieron no aprobar dicha modificación.
No obstante, el coordinador de la bancada de Morena adelantó que buscará con una nueva iniciativa de reforma, insistir en establecer por ley la eliminación de estos servicios de seguridad para uso privado.