*En un panel realizado en la UdeC, especialistas señalaron que la aprobación de la legislación requiere traducirse en personal capacitado, recursos, protocolos y servicios accesibles.
La nueva Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Colima puede compararse con los planos de una casa: establece cómo debería funcionar la atención, pero su aprobación, por sí sola, no construye los servicios que necesita la población. Así lo plantearon especialistas durante un panel realizado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima.
En el encuentro “Ley Estatal de Salud Mental y Adicciones: de la construcción a la implementación”, organizado como parte del mes de la Salud Mental, docentes e integrantes del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima (COPSI) analizaron el proceso de elaboración de la legislación y los retos para llevarla a la práctica.
Participaron Yesenia Rubí Graciano, docente de la UdeC; Guillermo Ramírez, integrante del COPSI; María Inglés, presidenta del colegio; César García, profesor investigador de la Facultad de Psicología, y Maura Susana Audiffre, maestra en Psicología, licenciada en Enfermería General e integrante del organismo profesional.
Rubí Graciano explicó que contar con la ley representa un primer paso, como ocurre con los planos de una vivienda. Para hacerla efectiva, señaló, se requieren reglamentos, instrumentos de aplicación y condiciones que permitan a las personas acceder a la atención en salud mental.
María Inglés retomó la analogía: una representación de la casa terminada puede mostrar un resultado ideal, aunque todavía falten los materiales y el trabajo para construirla. En los servicios de salud, explicó, esa distancia se expresa en problemas de coordinación, falta de capacitación y disponibilidad insuficiente de personal.
Advirtió que estas barreras pueden interrumpir la búsqueda de ayuda. Cuando una persona consigue tomar la decisión de solicitar atención y encuentra que no hay personal adecuado para recibirla, puede desanimarse y abandonar su proceso, señaló.
Por su parte, Maura Susana Audiffre compartió, desde su experiencia laboral en el IMSS, la necesidad de incorporar profesionales de psicología desde el inicio de la atención y fortalecer la preparación del personal para responder a situaciones de salud mental. También llamó la atención sobre las condiciones de hospitalización y su efecto en quienes requieren estos servicios: “Bajo la normativa de un hospital se debe tener un urgenciólogo, pediatra, cirujano, traumatólogo, pero no hay área de psicología o psiquiatría, esto por lo tanto los lleva a desconocer el código 100, para qué sirve o cómo actuar”, añadió.
César García destacó que la elaboración de la ley reunió años de trabajo del gremio, aportaciones de especialistas y mesas de diálogo. Señaló que el marco normativo reconoce la dignidad y autonomía de las personas y plantea la salud mental como un derecho, en lugar de un servicio complementario.
Guillermo Ramírez subrayó la importancia de mantener la interlocución con el Congreso para que las necesidades de la población se traduzcan en acciones concretas “y la salud mental ocupe el lugar que merece en la agenda pública”.
Las y los panelistas coincidieron en que la implementación requiere desarrollar la reglamentación, armonizar disposiciones, establecer protocolos y destinar recursos económicos y humanos. Por ello, convocaron a profesionales, estudiantes, instituciones y ciudadanía a fortalecer el trabajo en red y dar seguimiento a este proceso.
La tarea, plantearon, es pasar de los planos a la construcción: convertir lo previsto en la ley en atención accesible, oportuna y digna para la población.
