• El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política,
sostiene
En el marco del inicio del debate legislativo sobre la iniciativa de reforma electoral,
la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei
Zavala, advirtió la necesidad de delimitar con claridad las facultades institucionales
ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad en
Candidaturas, al señalar que el Instituto no puede ni debe convertirse en juez de la
probidad de aspirantes a cargos de elección popular.
“El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política.
Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de
equidad, certeza, legalidad y transparencia”, estableció.
Ante medios de comunicación explicó que la iniciativa, presentada el 22 de mayo
de 2026 por la Presidencia de la República y próxima a discutirse en el Congreso
de la Unión, propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales para incorporar un mecanismo orientado a revisar perfiles de
candidaturas a través de una nueva comisión dentro del INE, ante lo cual el Instituto
asume su deber de informar con objetividad y aportar elementos técnicos al debate
público.
Detalló que el proyecto legislativo identifica como eje central la creación de dicha
comisión como un órgano permanente integrado por cinco consejeras o consejeros
electorales con presidencia rotativa anual, cuya operación se concibe como un
mecanismo de coordinación institucional que funcionaría como canal directo, formal
y confidencial entre los partidos políticos y diversas instancias del Estado mexicano
en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión
financiera.
En cuanto al funcionamiento planteado, describió que el procedimiento iniciaría con
la entrega de listas de aspirantes por parte de partidos políticos o candidaturas
independientes de manera voluntaria, posteriormente el Instituto remitiría esta
información a autoridades de seguridad e inteligencia para realizar análisis de riesgo
y, una vez concluido este proceso, dichas instancias comunicarían la existencia o
no de un “riesgo razonable”, resultado que el INE notificaría a los actores políticos
bajo principios estrictos de confidencialidad.
La Presidenta del INE enfatizó que la iniciativa establece con claridad que este
mecanismo no sustituye la responsabilidad de los partidos políticos en la selección
de sus candidaturas, ya que la decisión de someter perfiles a evaluación es
voluntaria y queda en manos de cada instituto político definir si envía la totalidad o
sólo una parte de sus listas para revisión.
Frente a este panorama, la Consejera Presidenta destacó la importancia de respetar
el ámbito de atribuciones de cada poder del Estado al recordar que corresponde
exclusivamente al Poder Legislativo analizar, discutir y definir el diseño institucional
del sistema electoral, al tiempo que reiteró la disposición del INE para acompañar
el proceso con información técnica, operativa y experiencia acumulada que
contribuya a la viabilidad de la reforma.
“En caso de que el Congreso de la Unión apruebe la reforma, el Instituto asumirá el
mandato con responsabilidad”, aseguró. No obstante, alertó que existe un área de
oportunidad en la iniciativa en caso de que las facultades no queden claramente
delimitadas, debido a que asignar al Instituto funciones relacionadas con la
validación de la integridad de candidaturas podría vulnerar su carácter de autoridad
neutral.
“Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o
determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esta
autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa
nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas
políticas”, subrayó.
En esa misma línea, recalcó que la naturaleza del INE es estrictamente
administrativa y orientada a la organización de elecciones bajo principios de
legalidad, certeza y transparencia, “no es un órgano ministerial ni judicial”.
Taddei Zavala puntualizó que la responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar
posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde únicamente a las autoridades
de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública, son sólo ellas las que
cuentan con facultades legales y metodológicas para determinar la existencia de un
“riesgo razonable”, al precisar de forma textual que “nuestra función no es validar la
integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”.
Asimismo, se refirió a la iniciativa de ley para introducir una causal de nulidad de
elecciones por intervención extranjera, la cual dijo, en caso de ser aprobada,
obligará al INE a generar lineamientos, procedimientos, mecanismos, directrices
“que nos lleven a establecer con claridad qué pasa con la intervención del dinero
extranjero en nuestros procesos electorales”.
Finalmente, planteó que el combate a cualquier intento de infiltración de intereses
ajenos a la legalidad en los procesos democráticos requiere una responsabilidad
compartida entre todas las instituciones del Estado mexicano, por lo que el INE
mantendrá su compromiso con la organización de elecciones libres y auténticas, al
tiempo que exigirá que cada autoridad y actor político asuma con rigor la parte que
le corresponde en el ejercicio de sus facultades para preservar la confianza
ciudadana y la imparcialidad del sistema electoral.
