21 de octubre de 2026

Fortalece INE capacidades de promotoras y promotores de educación cívica para comunidades mexicanas en el extranjero


• Más de 11.9 millones de connacionales en Estados Unidos mantienen 
vínculos familiares, culturales, económicos y sociales con México
• Las y los educadores cívicos contribuirán al fortalecimiento de la cultura 
ciudadana y el ejercicio de derechos político-electorales de la diáspora
El Instituto Nacional Electoral (INE), por medio de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), realizó la primera sesión 
del Taller de Formación para Promotoras y Promotores de Educación Cívica en el 
Extranjero (FOPEME), con el propósito de fortalecer, de manera integral, la cultura 
cívica de la ciudadanía radicada fuera de México, así como su involucramiento 
activo en los asuntos públicos del país.
En esta primera de tres jornadas participaron más de 115 personas conectadas 
de manera remota, procedentes de entidades como Sinaloa, Zacatecas, Estado 
de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Morelos, Puebla, 
Guanajuato y Michoacán, entre otras, lo que, además de reflejar el interés por 
reforzar los vínculos entre México y la diáspora, permitirá la formación de 
personas capaces de promover derechos, participación ciudadana y cultura 
democrática en sus comunidades de origen para que las transmitan a familiares 
radicados en el extranjero.
Como parte del contexto presentado durante la capacitación, se destacó que 
alrededor de 12.3 millones de personas mexicanas residen en el extranjero y que 
aproximadamente 11.9 millones viven en Estados Unidos, principalmente en 
California, Texas, Arizona e Illinois, donde mantienen vínculos familiares, 
culturales, económicos y sociales con México, que contribuyen al desarrollo de 
ambas naciones.
Asimismo, se expuso que cerca de 4.1 millones de mexicanas y mexicanos en 
Estados Unidos están en condición migratoria no documentada, circunstancia que 
puede incrementar los retos para acceder a derechos, servicios y oportunidades; 
por lo que cobra relevancia el conocimiento de las instituciones y mecanismos 
disponibles para su protección y acompañamiento.

Durante la apertura de actividades, Olga González Martínez, Subdirectora de 
Información y Gestión del Conocimiento de la DECEyEC, resaltó que “la 
ciudadanía mexicana no termina en nuestras fronteras”, al subrayar que las 
personas residentes fuera del país continúan formando parte de la comunidad 
nacional y conservan su capacidad para involucrarse en la vida pública y 
democrática de México.
En el primer módulo se abordaron los principios fundamentales de la organización 
política del Estado mexicano, entre ellos el carácter representativo, democrático, 
laico y federal de la República, así como la división de poderes y el federalismo 
como mecanismos que favorecen el equilibrio institucional, la rendición de 
cuentas y la protección de los derechos de la ciudadanía.
Como parte de la actividad de cierre, las y los participantes reflexionaron sobre la 
importancia de los contrapesos democráticos y de los distintos órdenes de 
gobierno para prevenir la concentración del poder, atender las necesidades de la 
población desde diversos ámbitos institucionales y fortalecer una ciudadanía 
informada y participativa.
Posteriormente, Rodrigo Ledezma Fuentes, Jefe del Departamento de Diseño de 
Políticas de Colaboración de la DECEyEC, desarrolló los contenidos relativos a 
los derechos humanos y a las garantías de las personas mexicanas residentes en 
el extranjero, entre ellas la protección y asistencia consular, las remuneraciones 
laborales, el acceso a la identidad y documentación, así como los mecanismos 
que permiten ejercer derechos político-electorales desde el exterior.
Al cierre de la jornada se estableció que el conocimiento de las instituciones 
democráticas, los organismos de protección de derechos y las redes de apoyo 
para personas migrantes constituye una herramienta fundamental para fortalecer 
la participación ciudadana, el ejercicio informado de los derechos y el vínculo 
permanente de la diáspora con la vida pública y democrática del país.