La administración estatal, a través la Contraloría General del Estado, reconoce la importancia del trabajo de revisión realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), permitiendo mantener la certeza en el buen manejo y destino responsable de los recursos públicos.
Este proceso es parte natural de una fiscalización que fortalece la gestión pública, contribuye a identificar áreas de mejora y demuestra que los mecanismos de control están funcionando de manera óptima.
Los montos fiscalizados en los resultados de la Primera Entrega de la Cuenta Pública 2024, reflejan que al Gobierno de Colima se le fiscalizó un monto de 2 mil 227 millones, 254 mil 730 pesos, evidenciando que existe un manejo y uso responsable de los recursos públicos, pues únicamente se tuvieron observaciones por 22.3 millones de pesos, lo que representan sólo el 1% del total auditado.
La Contralora General del Estado, Isela Uribe Alvarado, precisó que durante la primera entrega de resultados se revisaron tres programas: el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con un universo fiscalizado de 210 millones 602 mil 900 pesos; el Fondo de Aportaciones para la Educación, Tecnológica y de Adultos (FAETA), con una revisión de 105 millones 558 mil 100 pesos; y la Distribución de Participaciones, auditándose 1 mil 911 millones 093 mil 730 pesos, resultando este último sin observación alguna.
Enfatizó que las observaciones no representan un daño al erario público y se atenderán en tiempo y forma, a fin de solventar y aclarar lo observado. Además, aclaró Uribe Alvarado, “las observaciones en las auditorias son conclusiones preliminares donde se solicita mayor información, algún tipo de aclaración o más evidencias. Las observaciones en las auditorías también abren oportunidades para optimizar procesos, actualizar padrones, exigir documentación oportuna y mejorar la entrega de apoyos y la ejecución de obra pública”.
La administración de la Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, refuerza sus sistemas de control interno por medio de la Contraloría General del Estado, a fin de identificar y atender cualquier alerta de un eventual uso indebido de recursos públicos; reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y la mejora continua, en beneficio de la ciudadanía y del adecuado y responsable uso del erario público.